Que las redes sociales nos acercan y al mismo tiempo nos alejan es una verdad tan contradictoria como real; tan apasionante como perturbadora; tan adictiva como relajante; tan democrática como impostora…
En esa contradicción permanente en la que se debaten las redes sociales no cabe espacio para la duda. La red ya es parte de nuestra vida normal. Como consecuencia de las nuevas tecnologías y de Internet se ha generalizado el uso del más diverso tipo de redes sociales con una finalidad de mero entretenimiento –Facebook-, de participación e intercambio de opiniones –Twitter-, de relación profesional –LinkedIn– o de investigación universitaria y cultural, canalizada a través de los distintos blogs.
Los medios de comunicación tradicionales, las empresas en general, la administración pública, los políticos, y las personas en particular, no pueden permanecer ajenos a la influencia de los social media. Sin embargo, todavía hay un sector de nuestra sociedad donde estas herramientas no son capaces de penetrar con la viralidad que lo hacen en el resto; las redes no han conseguido despertar un masivo interés – al menos, un masivo uso- en quienes, en su individualidad, representan un poder del Estado.
Hablamos de los jueces. Ellos forman parte de la sociedad en que vivimos y, salvo en aquellos aspectos que pueden afectar al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, deberían disfrutar y poder participar en la vida ciudadana a través de las redes.
Ahora bien, en este caso no sólo están en juego derechos fundamentales, también los de los jueces, como su privacidad, su libertad de expresión o incluso su responsabilidad, sino que quedan expuestos a peligros los derechos de los ciudadanos a una buena administración de justicia y a un juez imparcial que respete el secreto profesional y que se comporte aplicando las mínimas exigencias de discreción en su vida privada en la medida en que puedan tener repercusiones en el ejercicio de sus funciones públicas.
La participación de los jueces en las redes sociales ya está planteando problemas sobre la aplicación y el respeto de la imparcialidad y demás principios que presiden la intervención judicial. Los jueces como ciudadanos utilizan los distintos tipos de redes sociales y a falta de una regulación legal, todo queda a criterio libre de quien se asoma a la ventana de Internet.
La verdad es que este debate sobre la participación de los jueces en este tipo de actividades no plantea cuestiones distintas a las que generaban, hasta hace pocos años, la actividad social o cultural de un juez en un mundo más «real» y menos virtual. La exposición pública de los jueces siempre ha sido tema de debate.
Según el Magistrado del TSJ de Asturias José Ramón Chaves: "...un Juez bloguero es como una vaca de dos cabezas..."
Aunque resulta imposible en tan poco espacio hacer una recopilación o una clasificación de todas las redes en que participan jueces haremos referencia a las más conocidas. De momento, ya podemos observar en la red cómo las autoridades judiciales de los distintos niveles jurisdiccionales, así como asociaciones profesionales de jueces o fiscales y jueces en particular, utilizan las redes sociales (no sólo twitter –que es más habitual en este sector– sino también portales como facebook y blogs personales) para acercar su labor al ciudadano. En este tímido acercamiento de la justicia a las redes destaca el Blog del Magistrado del TSJ de Asturias Jose Ramón Chaves García, un auténtico valiente en este gremio adusto y vetusto, que se atreve incluso con su propio canal de Youtube.
La irrupción de las nuevas redes sociales no ha modificado en España causas de recusación ni precisiones en el derecho penal ni en el régimen disciplinario de los jueces, aunque cada vez se plantea con mayor asiduidad el problema ético de la participación de los jueces en todo tipo de redes sociales.
Existe una variada lista de informes y dictámenes que crean pautas y limitaciones sobre el acceso a estas plataformas sociales. En EEUU destaca un informe comparado de las soluciones que se dan en los distintos Estados, conocido como informe Wilson; en el 2012 se adoptó para Inglaterra y Gales una guía sobre el uso de blogs por los jueces que se refiere a todo tipo de blogs, incluido Twitter; y finalmente, en el mundo iberoamericano destaca el dictamen del 2015 que aprobaron las Cortes Supremas de 23 países entre los que estaba España y Portugal.
Todo un elenco de propuestas para normalizar el uso de las redes sociales en el terreno hostil de la justicia.